España y otros siete países comunitarios anunciaron que se proyecta un procedimiento inédito en la UE para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias de divorcio y facilitar el trámite a parejas de distinta nacionalidad o que viven en un país extranjero.
 
A este grupo integrado por España, Italia, Luxemburgo, Austria, Rumanía, Grecia, Hungría y Eslovenia se unirá también Francia, que es favorable a la iniciativa, aunque no ratificó su posición para mostrar imparcialidad en el ejercicio de la Presidencia de turno comunitaria.
 

Sin embargo, Portugal, Holanda y Finlandia se manifestaron en contra, porque consideraron que la iniciativa divide a la UEen materia de derecho familiar.
 
Tras el anuncio, hecho en Bruselas el Consejo de Ministros de Justicia, estos ocho países deben concretar por escrito y por separado su voluntad a la Comisión Europea, que deberá presentar una propuesta, cuyas consecuencias jurídicas y políticas serán analizadas por el comisario de Justicia, Seguridad y Libertades, Jacques Barrot.
 
El ministro español de Justicia, Mariano Fernández Bermejo declaró que esta iniciativa crea "un precedente" que no debe alarmar a nadie, porque "está prevista en los tratados" y se usa "a favor de los ciudadanos europeos" y para resolver mejor el problema del divorcio en parejas de distinta nacionalidad.
 
El divorcio de parejas de distintas nacionalidades suponen ya el 20% de todos los que se tramitan en toda la Unión Europea, por lo que Bermejo pronosticó que al final "la inmensa mayoría" de los países de la UE se acabarán sumando.
 
Esta cooperación ayudará a resolver la inseguridad jurídica que afrontan muchas parejas y familias acerca de cuál es la ley aplicable a su proceso de divorcio, afirmó Bermejo.
 
Insistió también en que el futuro texto garantice que las leyes de divorcio de otros países no incluyan cláusulas de discriminación entre hombres y mujeres.
 
La UE incluyó la cooperación reforzada en el Tratado de Amsterdam, que entró en vigor en 1999, y se ha mantenido en los tratados siguientes (Niza y Lisboa).
 
El proyecto es de fuerte carga política, porque podría facilitar los divorcios de las 170.000 parejas binacionales que se separan cada año en la UE .Por lo que la Comisión Europea analiza por ello si se suma o no. La idea es que la regulación establezca qué derecho nacional tiene preeminencia en caso de una separación.
 
La norma sobre divorcio sólo puede aprobarse por unanimidad, pero Suecia ya ha anunciado que no levantará nunca su veto porque no quiere que un tribunal suyo aplique una ley de otro país. Su temor es que esta vía acabe sirviendo para introducir normas más restrictivas en materia de separación. La única manera de sortear este bloqueo, teniendo en cuenta que el resto de estados miembros está de acuerdo con el reglamento, es mediante la cooperación reforzada, un procedimiento previsto en el Tratado de Amsterdam de 1999 y que luego se ha mantenido en los tratados siguienes (Niza y Lisboa).
 
El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, señaló que el Ejecutivo comunitario cuando reciba la petición formal de los estados miembros de activar la cooperación reforzada la estudiará "con atención" y "sin tabúes" y realizará un estudio de impacto "serio" para ver sus consecuencias. También dijo que tratará de responder a las "preocupaciones" de los países que creen que existe "el riesgo de una Europa dividida".